Royalty Minero en Arica y Parinacota: la Municipalidad de Arica informa que destinó sus recursos 2026 a gasto de personal

En abril de este año, este Diario preguntó si Arica y Parinacota lograría convertir los $1.415 millones del Royalty Minero 2026 en infraestructura y servicios verificables, o si el flujo se diluiría en intervenciones fragmentadas [ver Acto 1 de este expediente]. Cuatro meses después, la Municipalidad de Arica respondió una pregunta más simple y, a la vez, más reveladora: en qué gastó el dinero. Según su propio Ordinario de respuesta, la Municipalidad no informó recursos destinados a proyectos o iniciativas de inversión durante el período y para el fondo consultados.

Según el Ordinario N°2402, firmado por el alcalde Orlando Vargas Pizarro el 28 de julio de 2026, la Municipalidad "destinó la totalidad de los fondos percibidos por este concepto al financiamiento del gasto de personal municipal". El documento —respuesta formal a una solicitud de acceso a la información presentada por MetricPress bajo la Ley N° 20.285, que la Municipalidad resolvió entregar sin invocar la oposición de terceros del artículo 20 ni causal alguna de secreto o reserva— declara expresamente que no se registran "proyectos o iniciativas de inversión municipal en etapas administrativas o técnicas" para el período, y por lo mismo, tampoco existieron "instrumentos, criterios o lineamientos específicos de priorización de proyectos" para este fondo.

La sola imputación de estos recursos a gasto de personal no permite, por sí misma, hablar de una infracción legal. El artículo 17 letra c) de la Ley N° 21.591 —la misma norma que crea el Royalty Minero— establece que estos aportes son "de libre disposición, y podrán utilizarse sin límites temporales", lo que significa que no están amarrados por ley a un proyecto específico ni a un plazo de ejecución. Eso no equivale a ausencia total de reglas: los municipios siguen sujetos a sus obligaciones generales de probidad, presupuesto y rendición, y existe además una restricción específica —no pueden destinarse al pago de deudas municipales—, confirmada por la propia fiscalización del Consejo para la Transparencia sobre los Fondos Puente, la categoría de fondos que incluye el Fondo de Equidad Territorial que recibió Arica, y consistente con un dictamen de la Contraloría General de la República sobre un fondo municipal comparable, aunque no idéntico.

Este hallazgo no permite concluir que Arica haya infringido la ley: el Ordinario acredita una imputación presupuestaria a gasto de personal, no la totalidad de los antecedentes —funciones financiadas, reglas presupuestarias del período, obligaciones de información— que exigiría una conclusión jurídica definitiva. La pregunta que sí deja abierta es qué tan lejos puede estar la ejecución real de un fondo de su propósito declarado. Cuando Subdere anunció la distribución de estos recursos en abril, lo hizo citando al subsecretario Sebastián Figueroa, quien habló de fortalecer "proyectos locales de salud, educación, medioambiente y seguridad" [ver Acto 1]. Según las fuentes citadas, el diseño legal del instrumento no establece una obligación de asignar estos recursos a uno de esos sectores o a un proyecto específico.

Dos registros oficiales que no coinciden entre sí

El Ordinario N°2402 declara que la Municipalidad destinó la totalidad de los fondos que recibió por este concepto durante 2026 al gasto de personal, alcanzando un monto total de $1.870.701. La cifra contrasta con los $1.403 millones (cifra redondeada) que, según una publicación que reproduce datos de Subdere, la comuna acumuló en tres cuotas del FET hasta julio de este año — una relación de magnitudes de cerca de 750 a 1 entre ambos registros. Esa relación aritmética es verificable por el lector en el aparato de fuentes; lo que no está establecido es a qué se debe, porque los dos documentos podrían no estar midiendo el mismo concepto contable o el mismo corte temporal. Este Diario no ha recibido, a la fecha de esta publicación, una explicación de la Municipalidad sobre esa relación.

El giro hacia el gasto de personal no es nuevo para Arica. Según la Delegación Presidencial Regional, la comuna recibió $657.934.387 en abril de 2024 —el 50% de los recursos de ese año, que se duplicarían más adelante—, destinados según registros de seguimiento independientes a la conservación del Paseo Peatonal 21 de Mayo, tras un proceso que ese mismo registro describe con más de 1.680 personas participantes. Para 2025, según el mismo tipo de registro, la Municipalidad recibió $1.650.251.375 por el mismo fondo y declaró que "estos recursos fueron utilizados íntegramente en gastos de personal durante el periodo 2025" — una formulación sustancialmente equivalente a la que usa el Ordinario de 2026.

El caso no es aislado. Una fiscalización del Consejo para la Transparencia sobre el ejercicio 2024, publicada el 10 de septiembre de 2025, encontró que 187 de las 307 municipalidades beneficiarias —un 61%— no cumplió plenamente con publicar en sus portales de transparencia activa los reportes sobre el uso de estos fondos. La misma fiscalización entrega un dato que pone en perspectiva el caso de Arica: a nivel nacional, en 2024 solo un 8% de los recursos del Royalty Minero se destinó a gasto de personal; el resto fue a inversión (37%), bienes y servicios (23%), transferencias corrientes (18%) y activos no financieros (12%). El registro de seguimiento consultado atribuye a Arica un uso íntegro en personal para 2025, mientras el Ordinario N°2402 informa una asignación íntegra a gastos de personal para el período 2026 consultado. Un reportaje de CIPER Chile documentó en octubre de 2025 usos igualmente alejados de la inversión territorial en otras comunas del país. Y en el Senado se tramita desde diciembre de 2025 un proyecto de ley que busca, precisamente, transparentar el uso municipal de estos fondos.

Lo que ya existe para corregir la brecha

La solución a esta brecha entre discurso y diseño legal no requiere esperar un nuevo escándalo: ya está en tramitación. El proyecto de ley que analiza la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado apunta exactamente a lo que este Acto documenta — que la "libre disposición" del Royalty Minero, sin una obligación legal de asignación a un proyecto específico —aunque sin perjuicio de los deberes de información y rendición aplicables—, deja a la fiscalización ciudadana como una de las pocas herramientas de seguimiento disponibles mientras esa reforma no se convierta en ley. En los próximos días, este Diario oficiará a las municipalidades de Putre, Camarones y General Lagos para conocer el destino de sus recursos del Royalty Minero 2026.