El calor de la tierra ya calefacciona un internado del altiplano. Ahora, por 21 meses, se va a medir cuánto rinde.

En noviembre de 2024, los estudiantes internos del Liceo Granaderos de Putre recorrieron las instalaciones de un sistema que llevaba dos años construyéndose bajo sus dormitorios. Ocho pozos de setenta metros de profundidad, perforados en un suelo que se mantiene todo el año a unos 9 °C, alimentan un circuito cerrado de agua que entra fría, sale templada y termina en veintitrés radiadores —uno por habitación— calibrados para sostener 20 °C a 3.600 metros de altura. No se extrae agua subterránea: el agua del circuito es siempre la misma y solo va y viene. La energía que se cosecha es la del suelo.

Ese sistema funciona. Lo que nadie ha hecho todavía es medir, de forma continua y con instrumentos, cuánto rinde en invierno, cuánto calor se le escapa al edificio por las ventanas y los techos, y qué pasa cuando la temperatura exterior cae de golpe. Eso es lo que financia el proyecto que el Consejo Regional de Arica y Parinacota aprobó en julio de este año, en una sesión especial celebrada en la localidad de Cuya, comuna de Camarones: $310.000.000 de pesos del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo para instalar una red de sensores en dos internados altoandinos y registrar lo que hasta ahora se estimaba con promedios históricos.

El proyecto se llama, en la denominación del Gobierno Regional que lo financia, «Living Lab Altoandino para la Validación y Transferencia de Geotermia y Envolvente Adaptativa». La Universidad de Chile, que lo ejecuta a través del Centro de Excelencia en Geotermia de Los Andes (CEGA) de su Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, lo nombra en su comunicación como «Living Lab Altoandino: Innovación para infraestructura adaptativa de altiplano». Interviene el internado del Liceo Granaderos de Putre y el de la Escuela de Visviri —localidad de la comuna de General Lagos, el poblado más septentrional de Chile—, y es un proyecto que sus impulsores describen como el primero de su tipo en el país.

La región ya pagó por aprender

Conviene mirar de dónde viene esto, porque el dato más útil de esta historia no está en el proyecto nuevo sino en el anterior.

Entre septiembre de 2022 y diciembre de 2024, el mismo CEGA ejecutó en Putre el piloto «Climatización geotérmica para escuela de la Región de Arica y Parinacota», financiado por el Gobierno Regional a través del Fondo de Innovación para la Competitividad. Partió con un presupuesto de $219.000.000 de pesos. Terminó costando $349.000.000 de pesos, de los cuales $326 millones los puso el Gobierno Regional y $23 millones la Universidad de Chile.

La causa de esa diferencia está explicada en la propia fuente universitaria, y es técnica: el diseño original contemplaba un colector geotérmico horizontal, y a los pocos meses de ejecución quedó claro que no alcanzaba para el requerimiento térmico de todas las habitaciones. Hubo que suplementar el presupuesto para perforar sondajes y reemplazarlo por un colector vertical. El coordinador técnico del piloto, Diego Aravena, describió después el problema con precisión: «Cuando trabajas en situaciones geológicas y geográficas como las del altiplano, es importante considerar diversos factores determinados por la altura, clima y características del suelo. En este sentido, resultó fundamental el poder establecer un trabajo dinámico con las empresas instaladoras y también con el Gobierno Regional, a fin de ir modelando el diseño inicial y llegar al prototipo más adecuado».

Traducido: el diseño se corrigió sobre la marcha porque no había datos del lugar con los cuales acertar a la primera. La región financió esa corrección con $130 millones adicionales. Ese es el precio documentado de diseñar infraestructura de altura sin evidencia local, y es exactamente la brecha que el laboratorio vivo pretende cerrar.

Qué agrega una red de sensores

La diferencia entre una obra y un laboratorio vivo es que la segunda deja registro.

El proyecto incorpora mejoras en la envolvente térmica de ambos edificios —el aislamiento, en lenguaje corriente— e instala sobre esa base una infraestructura de monitoreo permanente. «Instalaremos una red integrada de sensores que monitoreará continuamente el comportamiento térmico de los edificios, el desempeño del sistema geotérmico y las condiciones ambientales del territorio», explica Aravena, hoy encargado del laboratorio. La información, agrega, «será procesada y validada para transformarse en evidencia científica útil para investigadores, organismos públicos y futuros proyectos de infraestructura». El plazo de ejecución declarado por la Universidad de Chile es de 21 meses.

La directora de la iniciativa, Linda Daniele, académica del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, sitúa el objeto de estudio en el conjunto y no en las partes: «El Living Lab Altoandino nos permitirá estudiar el comportamiento conjunto de los edificios, los sistemas geotérmicos y el entorno natural bajo condiciones extremas de altura».

El director del CEGA, Diego Morata, lo ata al destino de la evidencia: «No solo buscamos mejorar la infraestructura de dos establecimientos, sino generar conocimiento que permita orientar futuras inversiones públicas en zonas de alta montaña y condiciones climáticas extremas».

La coordinadora general del proyecto, Bárbara Bravo, describe el componente que decide si esto sirve o no más allá de dos internados: protocolos, modelos de simulación y herramientas de decisión que puedan usarse en otros establecimientos. «Nuestro desafío es que este proyecto trascienda las obras físicas, para construir un modelo de colaboración entre la academia, los servicios públicos y el territorio», señaló.

Es una promesa razonable y es, también, la parte más frágil: un modelo de simulación solo cambia algo si llega a la mesa donde se decide una inversión. Ninguna de las dos comunicaciones oficiales del proyecto —la del Gobierno Regional y la de la Universidad de Chile— describe por qué canal esos datos entrarían al ciclo presupuestario regional. Este Diario no localizó otro documento público que lo describa.

Visviri: el sistema está, la electricidad no estaba

Hay una asimetría entre los dos internados que la fuente oficial consigna sin subrayarla. En Putre el sistema geotérmico opera. En Visviri, uno equivalente —ejecutado por el mismo centro, con la misma fuente de financiamiento regional— espera su conexión eléctrica. Una bomba de calor geotérmica no funciona sin electricidad: extrae calor del suelo, pero necesita energía para moverlo.

Ese cuello de botella cambió de estado seis semanas después. El 31 de julio de 2026, la Comisión de Evaluación Ambiental de Arica y Parinacota aprobó por unanimidad el Estudio de Impacto Ambiental de la línea soterrada del sistema eléctrico de General Lagos: un tramo de aproximadamente 700 metros de media tensión con ocho cámaras de hormigón, valorizado en $443.503.000 de pesos. Los ministerios de Energía y de Medio Ambiente describen el ingreso como una regularización ambiental de obras ya ejecutadas. El proyecto había ingresado al sistema de evaluación mediante un estudio —y no una declaración— porque las obras se emplazan dentro del Parque Nacional Lauca. Con esa aprobación, Visviri, Cosapilla, Guacollo, Ancopujo, Chujlluta, Nasahuento y Colpita quedan en condiciones de recibir distribución de 23 kV, según informaron ambas carteras. El 16 de agosto, la Comisión Rural del Consejo Regional consignó la obtención de la resolución de calificación ambiental.

Ninguna de esas fuentes afirma que el internado de Visviri ya esté calefaccionado. Lo que está documentado es que se resolvió el trámite ambiental que su conexión requería. Este Diario informó, en la pieza Local de esta misma edición, que un ordinario del Gobierno Regional fechado el 12 de agosto de 2026 describía ese mismo tramo de 700 metros como pendiente de autorización ambiental. Las dos fechas son públicas y este Diario no las concilia por deducción propia: las publica.

Una cifra que no cuadra

Sobre el aporte de la Universidad de Chile al proyecto de 2026, las dos fuentes oficiales no coinciden. El Gobierno Regional informa $16,5 millones de pesos. La Universidad de Chile declara que su aporte, sumado a los $310 millones del fondo regional, «completa $325.600.000 de inversión» —lo que arroja $15,6 millones. La diferencia es de $900.000 y tiene la forma de una transposición de dígitos. Ninguna de las dos fuentes explica a la otra.

Este Diario publica ambas y no elige. Escribir una de las dos a secas sería resolver por preferencia una discrepancia que ningún documento resuelve. El monto que las dos fuentes confirman —los $310 millones del fondo regional— es el que sostiene el titular. Para dirimir el resto, este Diario oficiará al Gobierno Regional por el convenio de adjudicación del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, y publicará la respuesta en la sección Oficia, como hace con todas.

Lo que este reportaje deja abierto

Hay una continuidad que vale la pena registrar. El piloto de Putre se lanzó en noviembre de 2022 bajo el gobernador regional Jorge Díaz Ibarra y se inauguró dos años después; el laboratorio vivo lo aprueba el Consejo Regional en julio de 2026 bajo el gobernador Diego Paco Mamani. Es una línea de inversión que cruza dos administraciones y sobrevivió al cambio. En una región donde los proyectos se miden en décadas —la electrificación de General Lagos llevaba más de quince años de espera—, eso no es un detalle administrativo.

La pregunta que este reportaje no responde es la única que decide si los $310 millones rinden: qué tiene que ocurrir para que 21 meses de datos altoandinos lleguen efectivamente a las decisiones de inversión de la región, y no queden en un informe bien hecho. El proyecto contempla transferencia hacia el Servicio Local de Educación Pública Chinchorro, municipios y el propio Gobierno Regional. Cómo se convierte eso en un criterio de diseño exigible a la próxima escuela de altura no está descrito en ninguno de los documentos públicos del proyecto que este Diario consultó.

Mientras tanto, hay una medida más simple de si esto funciona, y no requiere sensores: que en el internado del Liceo Granaderos, donde estudiantes de la precordillera y el altiplano viven durante el año escolar a 3.600 metros de altura, las habitaciones estén a 20 °C en pleno invierno. Los 21 meses de registro dirán si eso se sostiene, y a qué costo. Lo que ya se sabe es cuánto costó llegar hasta aquí sin saberlo.